La cruzada antiterrorista ha golpeado la libertad de internet
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció, en un informe titulado “Internet en libertad vigilada”, los “graves golpes” asestados a la libertad en la red desde los atentados del pasado 11 de septiembre. “La situación es muy inquietante porque, además de a los países enemigos de la libertad de expresión, internet ahora tiene que enfrentarse a una nueva amenaza procedente de las democracias occidentales”, afirmó el secretario general de esa organización defensora de la libertad de prensa, Robert Ménard.En vísperas del primer aniversario de los atentados en Nueva York y Washington, el balance es abrumador, la cruzada antiterrorista y los excesos que provoca “tienden a colocar a Internet bajo la tutela de los servicios de seguridad”, recalcó.Según RSF, la red podría agregarse a “la lista de -daños colaterales- causados por la avalancha de medidas de seguridad. Como consecuencia, han sido amputadas libertades digitales fundamentales”.Los países tradicionalmente denunciados por no respetar los derechos humanos y la libertad de expresión han aprovechado la campaña internacional contra el terrorismo para reforzar sus dispositivos policiales y legislativos de “cerco” a Internet y para acentuar la represión de los “ciberdisidentes”, afirmó RSF.Además, muchos países democráticos han aprobado leyes y medidas que están a punto de poner a la red “bajo la tutela de los servicios de seguridad”, denunció la organización.Afirmó que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, Italia, Dinamarca, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el G8 (los siete países más industrializados y Rusia) han “atacado las libertades digitales” en los últimos meses. Entre las medidas denunciadas figura la conservación generalizada de informaciones sobre correos electrónicos recibidos y enviados y las páginas consultadas en la red, lo que convierte a los proveedores de acceso a internet y a los operadores de telecomunicaciones en “auxiliares potenciales” de la policía.Además, los servicios de policía e información pueden ahora acceder “con desconcertante facilidad” a toda esta masa de informaciones, un “abuso sin precedente” que significa que “todos los ciudadanos están teóricamente bajo sospecha”, denunció la organización no gubernamental.
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